En un demoledor dictamen de 70 páginas, la fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Quintas por inexistencia de delito. La funcionaria aniquiló la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña, estableció que no hubo perjuicio para el estado, tal cual lo determinaron dos pericias, detalló que no se direccionó la licitación y que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”, al punto que la propia fiscal fue la que activó la distribución de kits a madres de recién nacidos. Entre los imputados están Aníbal Fernández, el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, su viceministro, Nicolás Kreplak, y un total de 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Ahora el Tribunal Oral Federal 1 debe decidir si sobresee a todos, como peticiona la fiscal, o hace un juicio cuyo resultado –según las pericias– está cantado. Hay un antecedente: en el caso dólar-futuro, la Cámara de Casación sobreseyó a todos los acusados –Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y otros– por lo que no hubo juicio oral. En ese caso, el fiscal mantuvo la acusación. En Qunita la fiscal pide el sobreseimiento.

Objetivo

Como se sabe, Qunita fue un kit diseñado por el joven Tiago Ares, en base a un modelo de los países escandinavos. Ares murió poco tiempo después. El objetivo era reducir la principal causa de mortalidad en recién nacidos, el colecho, que consiste en que el bebé –sobre todo en hogares humildes– duerme con los padres y se termina ahogando. Por eso la parte neurálgica del kit era un moisés sencillo de armar para que el bebé duerma ahí, pero el conjunto incluía ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos. Todo agrupado en una caja muy portable.

Método

Como en otras causas de Comodoro Py, como el objetivo fue perseguir opositores, la instrucción fue un armado escandaloso, al punto que no se hizo una verdadera pericia. O peor, como señala Baigún, el juez Claudio Bonadio ordenó la pericia, pero después la anuló él mismo. En un sentido, es tal cual lo ocurrido en dólar-futuro, donde después una pericia demostró que no hubo perjuicio para el Estado o en el caso de la obra pública de Santa Cruz, que la pericia tuvo que ser ordenada por el tribunal oral y se hizo de manera más que parcial: cuestionaron 51 obras y la pericia abarco tres (3). También fue escandalosa la manipulación que se hizo con la muerte de Alberto Nisman, en que los estudios concluyeron que el fiscal se suicidó y entonces concretaron una pericia trucha de la Gendarmería, que batió records mundiales de irracionalidad. En Qunita, tras la anulación de Bonadio, el estudio de ingenieros y contable lo ordenó el Tribunal Oral integrado por Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basilico a pedido de las defensas y de la fiscal Baigún.

Bonadio procesó a los imputados con una maniobra burda. Ocaña presentó un kit armado por ella y en base a ese kit sostuvo que existían sobreprecios. La pericia demolió no sólo su presentación sino a la propia legisladora. Cita Baigún: “los profesionales (que hicieron la pericia) indicaron que los elementos entregados por la nombrada (Ocaña) no resultan equivalentes en características, materiales, diseño y calidad a lo especificado en el pliego licitatorio”. Ocaña presentó una cuna cuando lo que se requería era un moisés, y no incluía –según resalta la fiscal y establecieron los peritos– bolsas de nylon, cajas, logística, bolsillos claves, gorro, saco de dormir, babero, escarpines, transportes, pallets de acopio, almacenamiento, armado de los kits, planchado y empaquetado.

Precios

Baigún, una fiscal de muchísimo carácter, dedicó páginas y páginas a analizar si hubo sobreprecios o no. Bonadio, por supuesto, se basó en el kit trucho presentado por Ocaña y anuló la pericia que él mismo mandó a hacer porque veía que las conclusiones no le servían para acusar a los funcionarios del gobierno de CFK.

Tras una enorme cantidad de cálculos y actualizaciones, los peritos concluyeron que un precio de salida de fábrica oscilaba en 6.600 pesos, no tan lejos de los 7.600 en los que se adjudicó la licitación. La pericia contable estableció ganancias entre el 13 y el 18 por ciento, algo considerado razonable. “En ese contexto –escribe Baigún– entiendo que las cotizaciones de las firmas que luego se adjudicaron la licitación, no se apartan demasiado del valor indicativo de mercado”. Además, los propios peritos señalaron que dado que el kit integraba productos de distinta naturaleza, era obvio que parte de las cosas debían ser compradas en otras empresas: una fábrica de sábanas no imprime los libritos para niños ni produce cremas ni profilácticos.

También la fiscal descarta la existencia de un direccionamiento porque en la licitación participaron varias empresas, se le mandaron los pliegos a unas 50, hubo reuniones en el Ministerio de Salud en las que participaron una multitud de gerentes de compañías distintas y los que ganaron, aunque tenían como objeto social rubros que nada tienen que ver con el kit Qunita, sí tenían antecedentes de participar de licitaciones.

Perjuicio

Un capítulo notable del escrito de la fiscal es el que resalta los verdaderos perjuicios para el estado. En primer lugar, que no se distribuyeron kits que cumplían con el objetivo de bajar la mortalidad de bebés y darle “un comienzo de vida más equitativo” a 150.000 recién nacidos. Fue la fiscal la que activó que se distribuyeran cuando estaban arrumbadas en depósitos.

Pero dice Baigún “los perjuicios reales para las arcas públicas fueron que se hayan omitido distribuir los kits según la finalidad perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos, que se hayan afrontado enormes gastos derivados del depósitos de los kits de forma innecesariamente prolongada”.

Maniobra

La fiscal menciona un hecho asombroso. Bonadio siguió con la causa contra 18 imputados, pero sobreseyó a quien fue el ministro de Salud, Juan Manzur, y al equipo que dictaminó a favor de la licitación y sus términos. O sea que si se armó una operación –según la acusación– destinada a beneficiar a determinadas empresas, no se entiende cómo resultó sobreseído quien la puso en marcha. O más bien, no habiendo delito en quien armó el Qunita no se puede acusar a los que siguieron después. Es más, Bonadio imputó a Aníbal Fernández cuando ni siquiera era jefe de Gabinete en el momento en que se concretó la licitación. Se ve allí una nueva jugarreta más política que otra cosa.

¿Final?

La lógica indica que la causa Quintas se terminó. El dictamen de Baigún y las pericias son tan lapidarias que no queda margen para la realización de un juicio, que como ha dicho la Casación “a la luz del principio de economía procesal y el derecho de las personas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal, procederá el sobreseimiento cuando haya surgido una nueva prueba y haga innecesario el juicio”. Esa nueva prueba son las pericias, pero sobre todo la opinión de una fiscal que acusó en muchas otras causas y en ésta considera que no hay delito.

La palabra ahora la tienen los jueces Grünberg, Michilini y Basilico. Estos dos últimos dijeron en su momento que debía hacerse el juicio por dólar-futuro, pero la Casación los contradijo y sostuvo que no habiendo perjuicio para el estado, el juicio no debía hacerse. En dólar futuro, el fiscal acusó. En Qunita, en cambio, la fiscal ya dice que no hay delito.

Por Raúl Kollmann