Ante las constantes declaraciones y notas periodísticas de tinte neoliberal que pretenden reducir los
medios públicos a meros agentes económicos sometidos al lucro y los negocios, la Coalición por una
Comunicación Democrática1 denuncia una campaña que niega la comunicación como derecho
humano y pretende clausurar o privatizar las empresas de carácter estatal, creadas para fortalecer el
pluralismo informativo, el federalismo y la diversidad cultural, pilares de una verdadera sociedad
democrática.
Claramente expresamos, y así lo manifiesta la doctrina jurídica en el ámbito interamericano
plasmada en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la existencia de medios
públicos de carácter nacional, provincial, municipal y de universidades nacionales, resulta esencial
para garantizar, junto con el mundo comunitario, cooperativo y de pequeñas empresas, la diversidad
de voces que aseguran el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, la coalición opositora y las empresas infocomunicacionales dominantes en el mercado
insisten en atacar a las empresas de bandera, instalando la idea que no son rentables y considerando
la inversión pública en éstas como un déficit, cuando el lucro nunca fue su cometido. En forma
sistemática aluden a Radio y Televisión Argentina (RTA), Contenidos Públicos Sociedad del Estado
y la agencia de noticias Télam, desinformando sobre sus fines y objetivos y desconociendo el rol
inclusivo y federal de su accionar. Ya lo hicieron con la reforma del estado en los 90, cuando
privatizaron medios para ponerlos al servicio del desmantelamiento del estado y la destrucción de
servicios públicos que dejaron en el desamparo a millones de argentinos. A la vista están los casos de
YPF, Aerolíneas Argentinas o las jubilaciones que dan testimonio de los descalabros que se intentan
repetir.
Los ataques planificados y simultáneos contra la Televisión y la Radio Públicas, contra las señales
culturales, deportivas e infantiles expresadas en Paka Paka, Encuentro o DeporTV y la gestión de
contenidos federales por parte de Contenidos Públicos S.E., así como contra la agencia estatal Télam,
intentan condicionar las políticas públicas que permiten la expresión de voces divergentes con el
modelo comunicacional dominante. Nada dicen, en cambio de los cuantiosos recursos de la
publicidad oficial o prebendas regulatorias que reclaman al estado para su propio beneficio.

Cabe destacar el rol de equilibrio que juegan en América Latina, Estados Unidos, Europa y todo el
mundo los sistemas públicos de comunicación frente a la tendencia creciente, favorecida por los
procesos de concentración y convergencia, de grupos económicos que pretenden digitar la totalidad
de la agenda informativa en beneficio exclusivo de sus propios intereses.
Coalición por una Comunicación Democrática (CCD)
10 de abril de 2023.