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Por no cumplir “los recaudos de la ley de Ambiente”, en particular la distancia mínima con el borde urbano más cercano, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación decidió aceptar el amparo interpuesto por los vecinos de Villa Parque Santa Ana y no autorizar la instalación del complejo ambiental de Cormecor.

La decisión puede ser apelada al Tribunal Superior de Justicia, si es que así lo deciden los principales actores afectados: la Provincia, Municipalidad de Córdoba y los otros municipios socios de Cormecor.“Como resultado de las pruebas reunidas, quedó acreditado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por Cormecor cumple, en general, con los aspectos ambientales, en correspondencia con la realidad física y biológica del área a afectar. Sin embargo, también quedó establecido que el emplazamiento en el lugar elegido se aparta sin fundamento suficiente de las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en cuanto a la distancia mínima que debe separar el emprendimiento del borde urbano más cercano; en este caso, el de Villa Parque Santa Ana”, fundamenta la Cámara, en un resumen de su resolución elaborada para la prensa.La abogada de los amparistas, Lorena Fernández Millicay, celebró el fallo, que tiene unas 100 páginas de fundamentos, que aún no pudieron leer. Dijo que junto a los vecinos están “muy emocionados”.

El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker, también festejó la resolución judicial. “Vinimos con muchos vecinos a escuchar la decisión y  nos dimos que dio a favor nuestro, como ya lo habían demostrado las pericias. Estamos muy felices, ha sido una lucha muy larga, cuatro años desde diciembre 2015”, dijo Becker a La Voz. Para el intendente, “el fallo es tan contundente que aunque estén abiertas las posibilidades de apelación no les deja ningún resquicio”.Para la Justicia, fue relevante que “en la elección del sitio se han soslayado las implicancias sociales que sobre esa misma población tendría la ubicación de un emprendimiento de las características del previsto”.La decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, integrada por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –quien está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez–. Esta misma Cámara es la que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de las napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.La causa se había iniciado en 2016, cuando sus impulsores principales: la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, vecinos del lugar y miembros de la familia Gremo consiguieron que se frene la instalación del complejo con un amparo. En 2017 el TSJ dio lugar a esta medida  y unificó las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio, asignándolas a la Cámara. Además de Cormecor, están demandadas en la causa la Municipalidad de Córdoba y la Provincia.Clave: el peritajeLos dos puntos que había objetado el peritaje oficial eran: la escasa distancia entre el predio de enterramiento y la zona urbana y la falta de un relevamiento socio-ambiental. Estos dos señalamiento acabarían por ser decisivos.En el primer caso, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recomendó una distancia de cuatro kilómetros –dos de zona de restricción absoluta y dos de zona buffer- entre la ubicación del complejo ambiental y la población más cercana. El proyecto de Cormecor en las inmediaciones de Villa Parque Santa Ana no cumple con ella.Los peritos señalaron que no pueden garantizar que no haya una afectación por las emisiones gaseosas y los malos olores ya hay solamente un kilómetro entre el complejo y la última vivienda de Villa Parque Santa Ana.

El segundo punto que cuestionó el cuerpo de cinco especialistas es que no se realizó un estudio de impacto socio ambiental; es decir no se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos de la zona. Además Vale aclarar que Villa Parque Santa Ana no es socia de Cormecor.  El mismo informe rechaza otras objeciones presentadas por la demanda, que equiparaban los riesgos de este emplazamiento con el que tiene la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, inundada casi tres años atrás. Para los peritos, el predio es apto frente a los riesgos contaminación de las napas o un posible escurrimiento hacia el canal Los Molinos-Córdoba. Sobre el primer punto, el dictamen señala que las napas se encuentran a 75 metros de profundidad, una distancia en la que inclusive si hubiera una rotura de las mallas del predio no llegaría a contaminar el agua subterránea. El estudio señala, además, que el predio no es inundable y que con las obras de desagüe previstas en el proyecto no hay riesgo de que ocurra lo mismo que sucedió con Taym en 2017.

Cómo sigue

Las  partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia. Pero ante la inminencia de extinción de la vida útil del actual enterramiento de Piedra Blanca es un interrogante que se plantea si los socios principales de Cormecor, Provincia y Municipalidad de Córdoba, mantendrán el litigio o buscarán otro lugar de emplazamiento para el proyecto.Como la Justicia entra de feria en enero, cualquier apelación deberá aguardar hasta los primeros días hábiles de febrero. Se debe presentar ante la propia Cámara, que se comprometió a darle tratamiento prioritario y definir en menos de una semana hábil si concedo o no el recurso. En buena medida, esto depende de los fundamentos que se esgriman. De otorgarse la apelación, va al TSJ, que no tiene tiempos para decidir.Entretanto, Piedra Blanca recibe hoy más de 2.100 toneladas diarias de basura.

Fuente: La Voz del Interior / On line

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Antecedente anterior:

La Justicia provincial está en la recta final para determinar si el predio de 502 hectáreas próximo a Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que proyecta la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para recibir los residuos de la Capital y de otros 20 municipios del Gran Córdoba.

El martes 10 de diciembre –el mismo día de las asunciones–, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó la última inspección ocular en las tierras en parte expropiadas por la Provincia (160 sobre las 502 de todo el predio) y que actualmente lucen sembradas con soja. Desde el ente municipal negaron ser los responsables de ese cultivo.

Además de los dos jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez–, participaron todas las partes, sus peritos y los peritos oficiales. Vecinos de la zona se llegaron también hasta el predio y mostraron su descontento.

Con esta última instancia de prueba, el amparo que suspendió la instalación del complejo a fines de 2016 se acerca a su resolución. El fallo podría estar antes de fin de año.

CORMECOR (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba)

En 2012 Mestre crea CORMECOR dedicado a planificar el Complejo Ambiental con el que planean seguir contaminando bajo un supuesto plan de saneamiento. Para conseguir la aprobación para la radicación en 2013 CORMECOR solicita al ISEA (Instituto Superior de Estudios Ambientales) dependiente de la UNC estudios para radicarse en la ruta Km 35 a un 1Km de donde antes se había ubicado Potrero del Estado. Frente a esta decisión por parte del gobierno, una vez más el rechazo de los vecinos fue contundente. Finalmente en noviembre de 2014 se ubicó entre las rutas 36 y 5 y un año después, con una audiencia pública (informal) mediante, el gobierno de De la Sota le otorgó la licencia ambiental. Ya en octubre de 2016 logró instalarse en las primeras 160 hectáreas de un total de 500. La principal empresa propuesta para la construcción de este complejo es nada más ni nada menos que la empresa “limpar” controlada por Nicolás Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri. Las instalaciones que se prevén construir fueron avaladas por el ARS (Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos) y por el INTI.

Distancia

La cuestión que tiene que resolver la Justicia es si es determinante que el predio cumpla con los cuatro kilómetros de distancia que recomendó de manera explícita el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la UNC.

El informe establece que debe haber entre la zona urbana y el enterramiento dos kilómetros de exclusión absoluta y otros dos de zona buffer para mitigar el impacto de los olores que produciría el complejo ambiental.

Actualmente, el predio se encuentra a mil metros de la zona habitable. No obstante, desde el punto sudoeste del complejo –el más cercano a Villa Parque Santa Ana– hasta la fosa, hay cerca de 700 metros de distancia.

Peritaje

Sobre el resto de las variables, el peritaje señala que el predio sería apto para la instalación de un enterramiento, tomando todas medidas de precaución y cuidado que indica el informe de la UNC, certificado por los peritos oficiales.

Con respecto a las napas, el estudio indica que están a 75 metros de profundidad, una distancia suficiente para garantizar que no haya impacto, incluso en el caso de que alguna de las mallas tenga una filtración.

El escurrimiento del predio era otro de los puntos que estaba en cuestión. El hecho de que ocurra otra catástrofe como la que sucedió con la inundación de Taym en 2017 –cuyos residuos terminaron por contaminar el canal Los Molinos-Córdoba, que abastece de agua potable a la Capital– no está dentro de las posibilidades, según estima el texto de 377 páginas del peritaje oficial sobre el estudio del Isea.

Por esa razón, dentro del predio están previstos una laguna de retención y un sistema de canalización para contener estos eventos.

Licitación

El proyecto para la instalación del complejo ambiental fue licitado hace cuatro años. Pero la suspensión dejó en stand by la adjudicación del proyecto.

Las tres empresas que se mostraron interesadas en explotar el predio, Ecociencia, Milicic y Evasa, extendieron su oferta hasta el 31 de diciembre. Hasta ahora ninguna de ellas pidió renovarla.

En sus inicios, la obra tenía un costo de 446.927.000 pesos. Los vaivenes económicos ya duplicaron este monto, aseguraron desde la empresa.

La continuidad del ente es cuestionada por algunos intendentes del Gran Córdoba. La idea de crear un nuevo organismo a cargo de la basura metropolitana no sería mal vista por algunos funcionarios de la Provincia.

Amén de lo que resuelva la Cámara, las partes podrán apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hasta que el máximo tribunal se expida, toda innovación en el predio seguirá suspendida.

Gestión

Al actual intendente, Martín Llaryora, le tocará resolver este problema, que viene de la gestión de Daniel Giacomino, cuando cerró anticipadamente la fosa 9 de Bouwer.

Al actual predio de enterramiento de Piedra Blanca –según la empresa– le quedan menos de dos años de vida útil. Allí se depositan más de dos mil toneladas diarias de basura.